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atrasPacto Interinstitucional por la Madera Legal

 

 

 

PRESENTACIÓN

 

El presente Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia no solo incorpora una significativa ampliación del número de firmantes y establece una muy conveniente y necesaria extensión de la vigencia del inicialmente suscrito en el año 2009, sino que además representa una clara orientación de política ambiental nacional al haber sido incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, aprobado mediante la Ley 1450 de 2011.

 

 

La nueva fase que se inicia para el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia también representa poderosos retos y desafíos. Es evidente que su objetivo general de asegurar que la madera extraída, transportada, transformada, comercializada y utilizada en el país provenga exclusivamente de fuentes legales, demanda mucho más que la sola voluntad de los interesados pues requiere de acciones tanto específicas como integrales a lo largo de toda la cadena productiva forestal. Esto supone una gestión coordinada y mancomunada de los diversos actores, desde el bosque mismo hasta los centros de transformación y consumo, pasando por las diversas modalidades de transporte e intermediación, lo que claramente se asocia con la necesidad de fortalecimiento de la gobernanza forestal a todos los niveles.

 

 

Al haberse adoptado la firme directriz de “impulsar la implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal” como parte de los lineamientos y acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo en materia de biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos, se abre una gran oportunidad para pasar a una fase de mayores logros en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidos en este singular acuerdo, en el que participan múltiples actores de los sectores público y privado, vinculados de una u otra manera al aprovechamiento y uso de la madera en Colombia. 

 

 

Los logros y avances que se obtengan como producto de este Pacto y como resultado de la decisión y la gestión de quienes participan en este proceso para alcanzar su cabal implementación, van mucho más allá del ámbito de la producción y el comercio de la madera, pues redundarán en contribuir a la conservación de la biodiversidad, la disminución de la deforestación, la mitigación del cambio climático, el mejoramiento de la gobernanza y el desarrollo forestal sostenible.

 

 

 

En forma complementaria, la suscripción y aplicación de los “Acuerdos Regionales por la Madera Legal” facilitarán el acercamiento y la incorporación de los actores locales y regionales, entre ellos principalmente los productores y organizaciones comunitarias vinculadas a las actividades de aprovechamiento forestal, quienes podrán realmente verse beneficiados si se reducen los niveles de ilegalidad en la comercialización de sus productos.

 

 

La promoción de la firma de esta nueva versión del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia ha contado con el apoyo de la Alta Consejería Presidencial para Gestión Ambiental, la Biodiversidad, Agua y Cambio Climático, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, el Fondo Mundial para la Naturaleza, Fedemaderas y el Proyecto Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia liderado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y ejecutado conjuntamente con diez Corporaciones Autónomas Regionales del país, el cual es auspiciado por la Unión Europea.

 

La suscripción del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia se realizó en acto especial celebrado en la Casa de Nariño, el cual contó con la presencia del Presidente de la República Juan Manuel Santos y de varios Ministros, además de diversas personalidades y representantes de las entidades firmantes así como de otros actores públicos y privados del sector forestal y ambiental. El Jefe del Estado anunció durante este acto que así como se ha emprendido una cruzada contra la minería ilegal –la cual ha sido declarada objetivo de alto valor–, también se incluirá como objetivo de alto valor del Gobierno, la lucha contra el tráfico ilegal de madera.

 

 

 

 

CONTEXTO

 

Las operaciones ilegales en el sector forestal tienen lugar cuando se extrae, transporta, elabora, compra o vende madera, infringiendo leyes nacionales.

 

 

La tala y el tráfico ilegal de maderas constituyen un problema creciente que amenaza la subsistencia de varias especies, particularmente de aquellas con un alto valor comercial en los mercados nacionales e internacionales. Por tratarse de una actividad extractiva que implica bajas inversiones, la tala y tráfico ilegal se realizan tanto a gran escala como para satisfacer necesidades básicas y para proporcionar combustible a escala doméstica.

 

 

 

Estimaciones indicativas citadas en reciente documento del Banco Mundial señalan que en Colombia la tala ilegal alcanza un 42% de la producción total de madera.

 

 

 

Con base en la cifra oficial de alrededor de 2 millones de metros cúbicos de madera en troza de bosques naturales que reporta el país en los últimos años  como dato de “producción legal” a la Organización Internacional de Maderas Tropicales -OIMT-, el estudio del Banco Mundial implica que en Colombia anualmente casi 1,5 millones de metros cúbicos de madera en troza, o su equivalente en madera aserrada, se explotan, transportan y comercializan de manera ilegal.

 

 

Según estudio del IDEAMel nivel de ilegalidad (“subregistro”, en términos del estudio) forestal en el país, se estimó para el año 2005 en un 35%; ello significa la movilización y utilización ilícita de más de un millón doscientos mil metros cúbicos de madera elaborada.

 

 

En general se reconoce que hay una deficiente aplicación de los mecanismos de control al aprovechamiento, movilización y almacenamiento de productos forestales, como consecuencia de las debilidades operativas e institucionales, insuficiente infraestructura y equipos de transporte, baja asignación de recursos presupuestales, la muy limitada participación de las comunidades locales en el control, y la incidencia de factores externos como la violencia en las diversas áreas forestales productoras en las funciones de control y monitoreo sobre las actividades del aprovechamiento de bosques naturales, la movilización y almacenamiento de los productos forestales. Son evidentes las consecuencias negativas de tipo ambiental, social y económico que se derivan de una situación como la descrita, incluyendo pérdida de la biodiversidad, escaso beneficio a las comunidades locales y distorsiones en el mercado. 

 

 

La ilegalidad en el sector forestal es un problema que se presenta a lo largo de la cadena de comercialización y que requiere por tanto un esfuerzo conjunto de los diferentes eslabones que la integran, en el cual cada uno asume la responsabilidad correspondiente, desde los compradores de la materia prima, pasando por los transportadores y transformadores hasta los consumidores finales de los productos de madera, de manera que se asegure que se están vendiendo y comprando productos legales.

 

 

 

 

 

MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO

 

  • La Constitución Política de Colombia adoptó el principio del Desarrollo Humano Sostenible para conciliar las necesidades de mejorar la calidad de vida de la población y el crecimiento económico. Así mismo, le asigna al Estado al igual que a todas las personas la obligación de proteger y conservar los recursos naturales de la Nación.

 

  • Dentro de los principios fundamentales de la Política Nacional Ambiental, el  artículo 1º de la Ley 99 de 1993, establece entre otros, que las acciones encaminadas a proteger, conservar y recuperar el medio ambiente son tarea conjunta entre el Estado, el sector privado, la comunidad y las organizaciones no gubernamentales.

 

  • El numeral 32 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 determina que corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entre otras funciones, establecer mecanismos de concertación con el sector privado para ajustar las actividades de éste a las metas ambientales previstas por el Gobierno.

 

  • El numeral 14 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece entre las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, las de ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables.

 

  • El numeral 4 del Artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece entre las funciones de los Departamentos, las de ejercer, en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano.

 

  • El numeral 6 del Artículo 65 de la Ley 99 de 1993, establece entre las funciones de los Municipios, las de ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.

 

  • El numeral 6 del Artículo 65 de la Ley 99 de 1993, igualmente establece entre las funciones de los Municipios, las de coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

 

  • La Política de Bosques establece que el Ministerio de Ambiente, en coordinación con las Corporaciones, entidades territoriales, y otras instituciones, formulará y pondrá en marcha una estrategia conjunta para el control y vigilancia del aprovechamiento, la movilización, almacenamiento y transformación de los productos del bosque. Que mediante dicha estrategia se busca eliminar la corrupción, reducir el tráfico ilegal de productos del bosque y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de quienes lo aprovechen, para lo cual se establecerán medidas especiales para enfrentar el comercio ilegal en los puntos estratégicos de la cadena productiva y de comercialización.

 

  • En el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) se establece que se busca generar una cultura del seguimiento, monitoreo y control a la gestión y uso de los recursos forestales. Del mismo modo se señala que con el fin de mejorar los procedimientos para el control y seguimiento en las diferentes etapas del aprovechamiento, movilización y transformación, establecidos en el Régimen de Aprovechamiento Forestal, el Ministerio de Ambiente y las CAR fortalecerán el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos correspondientes.

 

  • Igualmente el Plan Nacional de Desarrollo Forestal establece que el Ministerio de Ambiente como ente rector del SINA articulará las instancias y estimulará los instrumentos de diferente índole que ayuden a construir una cultura de gestión coordinada, concertada y efectiva.

 

  • En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” aprobado mediante la Ley 1450 de junio de 2011, dentro de los lineamientos y acciones estratégicas de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, se incluye la de “impulsar la implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal”.

 

 

 

OBJETIVO

 

El presente“Pacto intersectorial por la madera legal en Colombia” tiene como objetivo asegurar que la madera extraída, transportada, transformada, comercializada y utilizada provenga exclusivamente de fuentes legales. Este Pacto voluntario contribuirá a la implementación de la política ambiental nacional, al desarrollo sostenible y al mejoramiento en la gobernanza forestal.

 

 

COMPROMISOS GENERALES DE LAS PARTES

 

Las partes firmantes del presente “Pacto intersectorial por la madera legal en Colombia”, según corresponda a la naturaleza de sus funciones ó a su ámbito y objetivos institucionales,  se comprometen a:

 

  1. Establecer e impulsar en los sectores industrial, minero, forestal, ganadero, de la construcción, de la vivienda y del transporte y otros así como en el sector público, políticas, prácticas y acciones concretas orientadas a asegurar que el aprovechamiento, la transformación primaria y secundaria así como el transporte, la comercialización y el uso de la madera y de sus derivados e igualmente la financiación de estas actividades, se realicen única y exclusivamente con la observancia de procedimientos que permitan demostrar la legalidad de su procedencia y que provienen de fuentes conocidas y verificables.

 

  1. Llevar a cabo, según corresponda, tanto las acciones individuales como las de coordinación interinstitucional necesarias para que se adopten las medidas de política, normativas y demás acciones pertinentes para el desarrollo y cumplimiento de lo establecido en el presente Pacto.

 

  1. Establecer y/o promover el establecimiento, en los casos que corresponda, de códigos de conducta y políticas de adquisición y compra responsable que de manera específica incorporen el compromiso de no acudir bajo ninguna circunstancia al uso de prácticas comerciales para la adquisición y/o venta de madera y/o sus productos, sin la observancia de los requisitos legales.

 

  1. Establecer, según corresponda, medios de verificación que permitan demostrar el cumplimiento con la normatividad vigente y asegurar que la madera y sus derivados provienen de fuentes legales demostrables.

 

  1. Suministrar y divulgar, según corresponda, información existente de tipo legal, ambiental y/o cartográfico, a través de la cual se puedan determinar claramente las áreas de bosques donde las actividades de aprovechamiento forestal y de extracción de la madera son permitidas legalmente, la normatividad vigente aplicable, así como la identificación de los proveedores que cuentan con los respectivos permisos o autorizaciones legales y planes de manejo y/o aprovechamiento forestal aprobados, para facilitar la verificación de la legalidad de la procedencia de la madera.

 

  1. Promover y divulgar el presente Pacto, a través de comunicaciones escritas, información en páginas web institucionales y campañas de sensibilización.

 

  1. Promover e impulsar, en los casos que corresponda, la implementación progresiva de mecanismos  e incentivos que permitan avanzar hacia el desarrollo forestal sostenible.

 

  1. Promover, en los casos que corresponda,  la  suscripción de acuerdos con proveedores de madera y de guadua, mediante los cuales se garanticen precios justos de retribución por estas  materias primas.

 

  1. Divulgar, según corresponda, el concepto de gobernanza forestal y las mejores prácticas para el mejoramiento en la aplicación de la normatividad  orientada hacia el manejo forestal sostenible.

 

  1. Llevar a cabo, según corresponda, las actividades de supervisión y de control orientadas a asegurar que el aprovechamiento, la transformación primaria y secundaria así como el transporte, la comercialización y uso de la madera se realicen única y exclusivamente con la observancia de las normas vigentes.

 

 

 

 

 

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